Gendarme condenado por cobrar coimas a cambio de información de una causa

La condena, de 8 meses de prisión condicional y 3 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, fue dictada por el Tribunal Oral Federal N°2, integrado por Gabriela Catalano, Domingo Batule y Abel Fleming.

El fiscal general Eduardo José Villalba, de la Unidad Fiscal Salta, representó al Ministerio Público Fiscal en el primer juicio seguido a un investigador que reveló información sensible de un caso en el que se investigaba el circuito del contrabando de granos en la frontera con Bolivia.

A instancia del fiscal Villalba, el cabo primero Aníbal Alegre, con 15 años de servicio, fue condenado por haber revelado información que puso sobre aviso a otro gendarme, jefe de un escuadrón de la zona de frontera, quien estaba sospechado de participar del contrabando.

Al momento del hecho, Alegre cumplía funciones en la UNIPROJUD, unidad que llevaba adelante diversas tareas de inteligencia criminal, entre ellas el análisis de información extraída de intervenciones telefónicas, cuyos datos eran de alta sensibilidad para el éxito del caso.

Alegre, además, provenía del Escuadrón 54 de Aguaray de esa fuerza, unidad que a su vez era investigada por las maniobras ilegales en el paso de camiones con granos, de las cuales participaba un comisionista que, a la postre, fue imputado y condenado por ese delito.

En los chats de WhatsApp que Alegre envió al personal sospechado, cuyo teléfono estaba siendo intervenido, se demostró claramente cómo el acusado, primero, pidió una retribución monetaria por la información secreta.

Segundo, reveló que había una investigación en curso sobre los camiones de granos, la cual estaba a cargo de la unidad de Delitos Económicos y, por último, develó que había escuchas telefónicas en las que el comisionista sospechado los había delatado.

Esta prueba fue ratificada por testimonios de otros gendarmes, tanto compañeros como jefes de las unidades investigativas, quienes explicaron cómo se descubrió que los mensajes de advertencia provinieron del teléfono de Alegre. También se refirieron a la modalidad de trabajo y al deber de confidencialidad.

En su alegato, el fiscal consideró probado con grado de certeza el delito cometido por Alegre, cuya defensa trató de justificar la conducta delictiva del suboficial en una supuesta preeminencia que tenía el oficial alertado sobre su cliente.

Esta hipótesis, pese a los argumentos defensivos, fue desbaratada por la fiscalía a partir de los chats que los jueces pudieron examinar, correspondientes a fechas en que la investigación se llevaba adelante en su etapa inicial, cuando debía permanecer secreta y fuera del alcance del investigado.

Por otra parte, los jefes inmediatos de Alegre, entre ellos el comandante Rafael Sanabria, responsable de la UNIPROJUD, remarcó el carácter secreto de esos datos, a la vez que aclaró que la subordinación se debe hacia los jefes y la unidad en la que se desempeña y no solamente por el cargo.

Villalba señaló que, al margen de revelar datos que perjudicaron el proceso, “Alegre se burló de las premisas que promulga no sólo esa institución, sino también la justicia misma”. Y puso de relieve que lo hizo con un fin retributivo, pues en el primer mensaje el acusado le dice al investigado: “Che tigre, tirame una moneda…”.

La fiscalía señaló que Alegre no tenía ninguna urgencia económica u otra necesidad, como podría suceder con un “bagayero”, y destacó el rol del acusado, quien trabajaba en una unidad especial de investigación. Reconoció el dolor que significa llevar a juicio a un funcionario en quien la fuerza invirtió mucho para capacitarlo.

Al resolver, el tribunal condenó a Alegre a 8 meses de prisión condicional y 3 años de inhabilitación. Esta decisión, según lo explicado por los jueces, se debió al hecho de que el delito cometido no frustró la investigación, aunque también reconocieron el grave riesgo que se corrió.